Resumen:
El dictamen en materia de Guardia Nacional propone otorgar la facultad de investigar delitos a los elementos de la Guardia Nacional, adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta propuesta contraviene la sentencia de la CoIDH en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Alvarado Espinosa y otros, en donde la CoIDH establece que las funciones de investigación de la policía judicial o ministerial deberán estar a cargo de una entidad civil.