Resumen:
La Ley General en materia de Desaparición de Personas regula la atención el grave problema de la desaparición de personas y establece las obligaciones que el Estado mexicano tiene en la materia. Es por ello que mandata la creación de diversas instancias y herramientas para alcanzar sus objetivos. Si bien, su implementación ha tenido avances importantes a partir de su fecha de entrada en vigor, éstos se han caracterizado por rebasar los plazos legales establecidos y falta de recursos humanos, técnicos, materiales y económicos, así como por la débil coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
